El “tasazo” judicial, surrealismo social

Publicado: noviembre 21, 2012 en Opinión
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Gallardón

Para que una democracia pueda ser desarrollada de verdad, es imprescindible, y por tanto, totalmente necesario, que tres pilares básicos puedan ser practicados sin ningún tipo de coacción y permitir a los ciudadanos el libre uso de ellos. Estos tres pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática son, la educación, la justicia y por último los servicios públicos de información. Pues bien, resulta que estos tres pilares, junto con la sanidad, están siendo atacados por el actual Gobierno desde hace meses en España y el nuevo “tasazo” judicial es el último elemento en esta amarga e incompetente gestión de nuestros gobernantes.

Hasta ahora, habíamos observado el aumento de los precios en educación que venían reflejados en el incremento de las tasas en las matrículas universitarias, el aumento en las tasas de comedor en los colegios públicos al igual que la subida del precio de las actividades extraescolares. También pudimos conocer el copago sanitario en comunidades como Cataluña y la Comunidad de Madrid y el copago farmaceútico en todo el territorio español que incrementaría el precio de los medicamentos aplicado este de forma escalonada según el nivel de renta de cada individuo. Y por último vimos los movimientos sobre el tablero que se realizaron dentro del ente público de RTVE con la intención de orientar la información que se transmitía a los ciudadanos a una posición más favorable para el PP.

Todos estos cambios resultaron ser un ataque a los valores democráticos de la sociedad. El impedir que un individuo pueda formarse y cultivarse con total libertad, independientemente de su nivel de renta, debería ser penalizado puesto que el derecho a la educación es un derecho reflejado en el artículo 27 de la Constitución Española y el Estado debe facilitar y posibilitar este servicio al ciudadano, algo que, actualmente, se está dinamitando desde el Gobierno. En la misma orientación, los ciudadanos deben recibir de los medios de comunicación públicos una información objetiva y veraz algo que últimamente está en duda en lo que resulta un nuevo ataque a la sociedad. Con estas dos acciones gubernamentales se aplica el principio de que una masa aborregada es mucho más moldeable y fácil de gobernar. El Príncipe en su máximo esplendor.

Pero para completar el ataque de todo lo citado en párrafos anteriores, el Gobierno, ha decidido bombardear otro pilar democrático básico, la Justicia. La Ley publicada en el BOE este pasado 20 de noviembre informa sobre las nuevas tasas judiciales que el ministro Alberto Ruiz Gallardón ha implantado sin rubor alguno. Por ello, id tomando nota. A partir de ahora las tasas fijas van desde los 100 euros hasta los 1.200 euros a los que habría que sumar un porcentaje del 0.25% ó 0.50% de la cuantía procesal dependiendo del valor de la demanda interpuesta. Si el valor de esta supera el millón de euros, se aplicará el último porcentaje. Por poner un ejemplo, quien quiera recurrir una multa de tráfico con una sanción económica de 100 euros deberá pagar antes una tasa judicial de 200 euros. Para otros casos, como heridos en accidentes de tráfico que hayan sufrido duras secuelas físicas y psicológicas, esta tasa podrá ascender hasta los 6.500 euros. Un auténtico insulto a los ciudadanos.

Al fin y al cabo con ellas, lo que se va a conseguir es desahogar las gestiones administrativas judiciales (así lo aseguran fuentes gubernamentales) ya que, debido a la cuantía de dichas tasas, muchos ciudadanos se opondrán a recurrir un caso u otro debido a la imposibilidad de pagar dicho precio. En resumidas palabras, con esta nueva ley lo único que se logrará es que la justicia sólo sea posible para las clases elitistas. Sólo ellas tendrán capacidad para recurrir sentencias o ciertas sanciones. Estos favoritismos a la alta alcurnia ya los habíamos observado en diferentes juicios en los cuales estaban implicados personajes de la élite española quienes finalmente se salvaban de la cárcel tras pagar una fianza. Ahora, este trato de favor a estos personajes ha quedado totalmente confirmado gracias a Gallardón en un impresionante ejercicio de “transparencia”. El resto de integrantes de la sociedad deberemos conformarnos con sufrir una nueva violación por parte del sistema.

Y por cierto, quedarán exentos de pagar estas tasas el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, entidades locales, organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales, y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Con la información del párrafo anterior y de este último, ya sabéis por dónde van los tiros ¿verdad? De esta manera, volvemos a tener una prueba más que corrobora que lejos de vivir en democracia habitamos en una dictadura de las élites, las cuales mueven los hilos a su gusto y nosotros danzamos la melodía que nos ponen en cada acto. ¿Hasta cuando habrá que aguantar?

Fuente: elmundo.es 

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